Introducción
El México del siglo XXI enfrenta una encrucijada histórica marcada por la transición de un modelo neoliberal agotado hacia la construcción de un paradigma político centrado en la justicia social, la soberanía nacional y la participación ciudadana activa. La experiencia histórica de las últimas décadas ha dejado claras las limitaciones de un sistema que concentraba el poder en élites económicas y políticas, marginando a los sectores más vulnerables de la población y restringiendo la capacidad de los pueblos originarios y colectivos sociales para incidir en las decisiones públicas.
En este contexto, los liderazgos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo representan más que una sucesión política: encarnan la emergencia de un nuevo sujeto histórico, que articula la voz de los grupos vulnerables, los pueblos originarios, las mujeres, los jóvenes y trabajadores organizados, proponiendo un proyecto político donde el entendimiento colectivo, la gobernanza incluyente y la democracia participativa son ejes centrales.
El presente texto busca analizar cómo este nuevo sistema político se construye y consolida, integrando conceptos clave como pensamiento crítico, participación ciudadana y presupuestos participativos, así como la relación entre Estado, sociedad y grupos históricamente marginados, con el fin de trazar una visión humanista de la política mexicana contemporánea.
Aportaciones
Emergencia del nuevo sujeto histórico
El concepto de sujeto histórico, retomado de la tradición gramsciana y adaptado a la realidad mexicana, se refiere a un actor social capaz de transformar las estructuras políticas y sociales existentes mediante la acción organizada. En el México contemporáneo, este sujeto no es homogéneo; integra grupos vulnerables, pueblos originarios, mujeres, jóvenes, trabajadores y colectivos sociales que históricamente han sido excluidos de la toma de decisiones (González, 2020).
Los grupos vulnerables, como personas en situación de pobreza, comunidades rurales, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, niños, niñas y mujeres en contextos de desigualdad, adquieren voz y agencia en la medida en que se generan mecanismos de participación ciudadana y de articulación social. Por su parte, los pueblos originarios encuentran en este nuevo sistema político la oportunidad de preservar sus territorios, su lengua
y su cosmovisión, así como de incidir en políticas públicas que reflejen sus necesidades y derechos ancestrales.
El entendimiento colectivo es, en este marco, el proceso mediante el cual estos actores diversos construyen consensos, comparte objetivos y establecen estrategias comunes de acción política. Este proceso no solo fortalece la cohesión social, sino que constituye la base sobre la cual se edifica un proyecto de gobernanza inclusiva, donde la autoridad del Estado se encuentra legitimada por la participación activa y consciente de la ciudadanía.
AMLO y la construcción de la base popular del cambio
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se caracterizó por sentar las bases de un cambio político profundo mediante la implementación de políticas de justicia social, redistribución económica y programas de bienestar dirigidos a los sectores más desfavorecidos. Programas como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” y la recuperación del salario mínimo representan no solo medidas económicas, sino también herramientas de empoderamiento de los grupos vulnerables, que les permiten ejercer una ciudadanía más plena.
La soberanía energética y la política redistributiva son componentes esenciales de un proyecto que entiende la economía como un medio al servicio de la dignidad humana y no únicamente como un instrumento de acumulación de capital. En este sentido, la visión política de AMLO se alinea con un humanismo crítico, que reconoce que el desarrollo de un país requiere de la participación activa de todos sus sectores y de la protección de quienes históricamente han sido marginados.
Sheinbaum y la gobernanza democrática
Con Claudia Sheinbaum, el proyecto adquiere un enfoque más científico, feminista y orientado a la gobernanza democrática. La gobernanza implica no solo la gestión eficiente de los recursos, sino también la construcción de procesos inclusivos de toma de decisiones, donde la ciudadanía participa de manera activa en el diseño y seguimiento de las políticas públicas (Fung, 2006).
La implementación de mecanismos de democracia participativa, como el presupuesto participativo y la revocación de mandato, representa un traslado del poder de decisión hacia los ciudadanos, reconociendo que la legitimidad de un gobierno no depende únicamente de elecciones periódicas, sino de la capacidad de las personas para incidir en la vida pública cotidiana (Avritzer, 2002). Estos instrumentos fortalecen el entendimiento colectivo, pues obligan a los actores sociales a dialogar, negociar y priorizar necesidades comunes, lo que a su vez fortalece la cohesión y la conciencia política de la comunidad.
No obstante, el elemento que redefine profundamente esta nueva etapa es la incorporación transversal de la perspectiva de género y del enfoque de derechos humanos como pilares del quehacer gubernamental.
Así, la gobernanza democrática bajo la conducción de Sheinbaum no se limita a administrar el poder, sino que busca redistribuirlo. La participación ciudadana, la transparencia institucional, la rendición de cuentas y la igualdad sustantiva se articulan como condiciones indispensables para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Este enfoque permite pasar de una democracia meramente representativa a una democracia participativa e inclusiva, donde la justicia, la equidad y la ciencia convergen en la construcción de un nuevo pacto social.
La transformación que vive México es, por tanto, no solo política, sino también cultural y ética. Incorporar la perspectiva de género y los derechos humanos en la estructura del Estado no constituye una concesión ideológica, sino una exigencia democrática. Se trata de construir un país donde la legitimidad del poder no emane únicamente del voto, sino de la capacidad de garantizar la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las personas.
Educación y pensamiento crítico
El fortalecimiento del pensamiento crítico es fundamental para consolidar una ciudadanía activa y consciente. La educación no puede limitarse a la transmisión de conocimientos, sino que debe formar individuos capaces de analizar, cuestionar y proponer soluciones a los problemas sociales, económicos y políticos de su entorno (Freire, 1970).
La Cuarta Transformación ha promovido programas educativos orientados al pensamiento crítico, fomentando la participación de jóvenes y adultos en procesos de entendimiento colectivo, en la construcción de políticas locales y en la evaluación de los programas sociales.
Esto se traduce en una ciudadanía que no solo recibe beneficios, sino que contribuye activamente a la construcción de un sistema más justo y equitativo.
Integración de pueblos originarios y grupos vulnerables en la política
La integración de pueblos originarios y grupos vulnerables en los procesos políticos y de gobernanza es un paso decisivo hacia una democracia inclusiva. Esto implica reconocer derechos ancestrales, promover la equidad territorial y garantizar la participación directa de estos colectivos en la toma de decisiones.
Por ejemplo, las políticas de desarrollo regional que consideran las necesidades de pueblos originarios en materia de educación, salud y protección ambiental no solo cumplen con una función redistributiva, sino que también fortalecen la identidad y la cohesión social, generando un sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva
Asimismo, los programas orientados a grupos vulnerables buscan reducir desigualdades estructurales y fomentar la autonomía de las comunidades para gestionar sus propios recursos y prioridades.
Democracia participativa y presupuesto participativo
La democracia participativa se consolida como un eje fundamental de la transformación política mexicana, al reconocer que la legitimidad del poder no proviene solo de la representación electoral, sino del involucramiento directo de la ciudadanía en la vida pública.
El presupuesto participativo, por ejemplo, permite a los ciudadanos decidir sobre la asignación de recursos en sus comunidades, priorizando proyectos de impacto social real y fomentando un entendimiento colectivo sobre las necesidades locales (Wampler, 2012).
Estos mecanismos fortalecen la gobernanza inclusiva, pues requieren de procesos de deliberación, transparencia y rendición de cuentas, en los cuales los grupos vulnerables y los pueblos originarios participan en igualdad de condiciones, promoviendo la equidad estructural y la justicia social.
Desafíos del siglo XXI
El mayor desafío del siglo XXI radica en consolidar institucionalmente este nuevo sistema político, garantizando que la participación ciudadana, la gobernanza incluyente y la justicia social se traduzcan en políticas sostenibles y democráticas. Esto implica:
Fortalecer la educación crítica y la formación ciudadana.
Garantizar la representación efectiva de grupos vulnerables y pueblos originarios en todos los niveles de gobierno.
Mejorar los mecanismos de presupuesto participativo y rendición de cuentas.
Promover el diálogo permanente entre Estado y sociedad, asegurando que las decisiones públicas respondan a necesidades reales y no a intereses sectoriales.
Solo así se podrá consolidar una democracia viva, basada en la conciencia colectiva, la equidad y la inclusión, donde el poder no sea una prerrogativa de unos pocos, sino un instrumento al servicio de la comunidad y del desarrollo humano integral (Fung, 2006).
Conclusiones
La transición política mexicana del siglo XXI, bajo los liderazgos de López Obrador y Sheinbaum, representa un proyecto transformador que busca articular los intereses de los grupos vulnerables, los pueblos originarios y la ciudadanía en general mediante la construcción de un entendimiento colectivo, la promoción del pensamiento crítico y la implementación de mecanismos de democracia participativa y gobernanza incluyente.
Este proceso constituye un avance significativo hacia una sociedad más justa y equitativa, donde la participación ciudadana no es un complemento, sino el corazón del sistema político.
La consolidación de este modelo exige continuar fortaleciendo la educación crítica, la inclusión de colectivos históricamente marginados y la transparencia en la gestión pública, con el objetivo de construir un México donde el desarrollo humano y la justicia social sean reales y sostenibles.
El futuro político del país dependerá de la capacidad de la sociedad para mantener esta participación activa y del compromiso del Estado para garantizar que los derechos humanos y la voz de los sectores más vulnerables se traduzcan en políticas efectivas, justas y duraderas.
La Cuarta Transformación, entonces, no es solo un cambio de gobierno, sino la construcción de un nuevo sistema político humanista, donde la ciudadanía se reconoce como protagonista de su propio destino.
Dr. Rafa Chacón, Investigador y Especialista en Humanismo Mexicano
Referencias (Harvard)
Avritzer, L. (2002) Democracia e participação: Experiencias latinoamericanas. Brasília: Ipea.
Freire, P. (1970) Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI.
Fung, A. (2006) Empowered participation: Reinventing urban democracy. Princeton: Princeton University Press.
González, M. (2020) Sujeto histórico y movimientos sociales en América Latina. Buenos Aires: CLACSO.
Wampler, B. (2012) Participatory budgeting: Core principles and key impacts. Washington, DC: World Bank.
Interesante, pero y donde encajan entonces los sucesos actuales?, manifestaciones y protestas, asesinatos a personajes como Manzo, el crimen organizado que ha ido en aumento, etc.
muchas gracias por leerlo, pero sobretodo por los comentarios para tomarlos en cuenta en otro documento.
Gracias por leer este artículo.