Registro obligatorio de celulares en México:

¿Sabías que? A partir del día 9 de enero de 2026, en México entro en vigor la obligatoriedad de registrar todas las líneas de telefonía celular argumentando que dicha medida busca evitar el uso anónimo de líneas telefónicas para cometer delitos como la extorsión y el secuestro. 

Si no registras tú línea de telefonía celular antes de la fecha límite, el estado ha anunciado, que la línea de telefonía celular será cancelada por la compañía telefónica que te otorga el servicio, esta nueva disposición se establece en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente a través de la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en donde se creó una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Para inscribir nuestra línea telefónica, tenemos la obligación de proporcionar nuestra identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y datos biométricos.

Sin embargo, ante esta disposición como ciudadanos preocupados por nuestra seguridad, deberíamos preguntarnos, lo siguiente: 

En esta época tan avanzada en tecnología digital y virtual ¿cuál es el riesgo que tenemos al otorgar nuestra información personal a una compañía telefónica para integrarnos a un padrón de usuarios de telefonía móvil?

¿En verdad nuestra información y datos personales serán protegidos?

¿Quién nos asegura que nuestros datos personales no serán utilizados para otros fines?

Estas y otras preguntas nacen por sucesos que todos hemos vivido día a día, con llamadas telefónicas de bancos u otras empresas a los que jamás hemos proporcionado ningún dato personal y saben casi todo de nosotros.

En este caso, el gobierno olvida, que de entre muchos usuarios obligados a entregar sus datos personales por ser dueños de un equipo celular, también existen niños y niñas que utilizan la telefonía móvil, lo que dicha medida violenta directamente el principio de interés superior del menor establecido en nuestra Constitución y en la Convención de los Derechos del niño.

Entonces, con la utilización de nuestra información personal y datos personales, abrimos la puerta para revelar nuestra geolocalización, datos de cuentas bancarias y demás información personal poniéndonos a merced de robos de identidad, de nuestro patrimonio y en ciertos casos en persecuciones políticas, religiosas, sexuales, entre otras, “permitiendo que el Estado tenga acceso completo” de lo más privado de las personas y ante lo ya aprendido, sabemos que no podeos confiar en nadie, ni mucho menos en el Estado.

Una de las funciones del Estado, es garantizar la seguridad de los habitantes de nuestro país, por lo tanto, es evidente que la ley de la que aquí se habla, “constituye una grave injerencia al derecho de protección a los datos personales y a la privacidad” ya que genera una inseguridad para el titular de los datos al proporcionarlos (involuntariamente)a una compañía de telefonía celular.

Entonces, en términos generales, podemos señalar que claramente nos encontramos ante una violación a nuestros derechos de privacidad, vida privada, intimidad, identidad y protección de los datos personales.

Aparentemente se busca que con esa injerencia mediante un padrón de usuarios de telefonía móvil se pueda combatir la delincuencia, sin importar los medios para logar sus objetivos, ¡claro!, hablando de que en verdad ese sea su objetivo, sin embargo, el estado no entiende que en realidad si importan los medios y más aún cuando se puede exponer públicamente a una persona o poner en manos de algunos cuantos la integridad y los derechos fundamentales de otras, poniéndolos a merced de la delincuencia. 

Por lo tanto, debemos recordar que el inhibir la comisión de delitos, no depende de la información de datos personales con los que cuente la autoridad, sino de las funciones de seguridad pública (responsabilidad del gobierno) para perseguir e investigar los delitos, así como de la administración de justicia que debería realizarse de forma eficiente.

Situación que con preocupación nos hace reflexionar con las siguientes preguntas: ¿la obligación de garantizar seguridad pública en verdad funciona en México? Los ministerios públicos de nuestro país, ejercen sus funciones con eficiencia, sin dilaciones y sin corrupción? O entonces, ¿porque motivos los mexicanos percibimos que no existe una correcta administración de justicia? 

“Implementar medidas desesperadas para hacer frente a la delincuencia o tener el control de la vida y los derechos de las personas es anticonstitucional”.

También, se debe pensar en las consecuencias de aquellas personas que al haber sido sancionadas con la cancelación de su línea telefónica se les pueda ocasionar, ya que hoy día el uso del celular no solo es una herramienta de comunicación, sino que también es una herramienta del trabajo, de la escuela, de investigación y entonces, la cancelación de nuestra línea restringiría el acceso a la información pública y al derecho de estar informado, así como la restricción de las herramientas de comunicación a través de internet y al derecho a la libertad de expresión, que también muchas personas ejercemos desde nuestro equipo móvil.

Finalmente, de este tema se concluye, que todos los mexicanos que utilizamos telefonía celular, estamos en la posibilidad y responsabilidad de SOLICITAR UN AMPARO ante cualquier violación a nuestros derechos; en lo personal y para algunos clientes, ya estoy preparando el amparo y protección de la justicia federal al respecto, todos deberíamos hacer lo mismo. Pero tú… ¿qué opinas?

Por Miguel Ángel Flores Correa

Maestro en Política Criminal, Especialista en Derecho Civil, Familiar y Mercantil con 24 años de experiencia.

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Fuentes

1. www.gob.mx Comisión Reguladora de Telecomunicaciones Bol.008/2025.
2. Diario Oficial de la Federación 09/12/2025.
3. Acuerdo P/CRT/EXT/08122025/144 Quinta sesión extraordinaria del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicacione