CIUDAD DE MÉXICO – En un giro inesperado a la política energética nacional, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta mañana el “Plan Nacional de Extracción en Yacimientos No Convencionales”, confirmando que México comenzará a utilizar la fracturación hidráulica, mejor conocida como fracking, para la extracción de gas natural.
El fin de la dependencia energética
El anuncio, realizado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, justifica esta medida como un paso indispensable para la soberanía nacional. Actualmente, México importa más del 70% del gas natural que consume, proveniente principalmente de Texas, EE. UU. Con la volatilidad global causada por los recientes conflictos en Medio Oriente, el gobierno busca asegurar un suministro interno que blinde a la industria y a los hogares mexicanos de variaciones de precios internacionales.
“Para garantizar el desarrollo del país, necesitamos soberanía. No podemos depender de los excedentes de otros países para encender nuestras plantas de energía”, declaró la mandataria, subrayando que este proyecto permitirá reducir los costos del gas y el diésel a mediano plazo.
Debate nacional: ¿Desarrollo o desastre ambiental?
La noticia ha provocado una reacción inmediata de grupos ambientalistas y académicos, quienes recordaron que durante años se prometió que esta tecnología no se utilizaría en territorio mexicano debido a su alto consumo de agua y los riesgos de contaminación de mantos freáticos.
Sin embargo, el Gobierno Federal sostiene que se implementará un modelo de “Extracción Sustentable”, con regulaciones estrictas y tecnología de última generación para minimizar el impacto en las comunidades del norte del país (Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas), donde se encuentran las mayores reservas de gas de esquisto (shale).
Impacto en el sector empresarial
Para organizaciones como ASECEM, este anuncio representa una luz al final del túnel en términos de competitividad logística y costos de manufactura. Una energía más barata y producida localmente podría acelerar el nearshoring en los estados fronterizos, posicionando a México como un centro energético clave en la región.