La nueva extracción: cómo el capitalismo digital convirtió al cuerpo humano en mercancía.
El cuerpo humano se ha convertido en la última frontera de extracción del capitalismo digital. Durante años nos aferramos a una versión casi inocente del debate sobre la privacidad, convencidos de que el principal riesgo de entregar nuestros datos consistía en recibir publicidad personalizada o recomendaciones de consumo cada vez más precisas. La realidad resultó mucho más inquietante. El negocio dejó de perseguir clics para comenzar a capturar cuerpos.
Lejos de ser una paranoia propia de la ciencia ficción, este fenómeno ocupa hoy un lugar central en la discusión internacional sobre derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido que el uso de tecnologías biométricas basadas en inteligencia artificial sin regulaciones estrictas amenaza directamente derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de reunión y la protección frente a la discriminación. Cuando los datos biológicos de poblaciones vulnerables, minorías o disidencias políticas son recopilados, almacenados o comercializados, la vigilancia deja de ser una herramienta excepcional y comienza a convertirse en una arquitectura de control.
La promesa tecnológica siempre fue la precisión. El problema es que ningún algoritmo es infalible. Cuando sistemas capaces de clasificar individuos, anticipar comportamientos y procesar cantidades masivas de información son incorporados a estructuras de poder político, policial o militar, los márgenes de error dejan de ser simples fallas técnicas. Un error estadístico puede traducirse en una detención arbitraria, un señalamiento injustificado o una decisión con consecuencias irreversibles para personas concretas.
La evidencia ya no pertenece únicamente al terreno de las advertencias académicas. Durante la última década, altos directivos de las principales plataformas tecnológicas han comparecido ante congresos, parlamentos y tribunales para responder por escándalos relacionados con la explotación de datos personales, la manipulación informativa y las fallas sistemáticas de sus sistemas de moderación.
La influencia de Thiel sobre la economía digital comenzó con una apuesta temprana por Facebook, una plataforma que contribuyó a consolidar un modelo de negocio basado en la recopilación masiva de información personal. Con el paso del tiempo, aquella lógica de extracción de datos dejó de limitarse al mercado publicitario y comenzó a expandirse hacia ámbitos mucho más sensibles. La información ya no servía únicamente para vender productos. También podía utilizarse para identificar patrones de comportamiento, anticipar decisiones y construir perfiles cada vez más detallados de individuos y comunidades enteras.
Esa evolución encuentra una de sus expresiones más visibles en Palantir, empresa fundada por Thiel y especializada en el análisis masivo de información. Durante años, investigaciones periodísticas y documentos públicos han mostrado cómo sus herramientas han sido utilizadas por agencias gubernamentales estadounidenses en tareas relacionadas con seguridad, inteligencia y control migratorio. El debate que esto genera trasciende la eficiencia tecnológica. La cuestión de fondo consiste en determinar qué ocurre cuando
sistemas capaces de procesar volúmenes extraordinarios de información participan en decisiones que afectan derechos, libertades y proyectos de vida.
Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido además sobre el uso creciente de sistemas de análisis de datos e inteligencia artificial en contextos militares y territorios sometidos a conflictos prolongados. En escenarios de esa naturaleza, la promesa de objetividad tecnológica se enfrenta a una realidad incómoda. Ningún algoritmo opera al margen de los sesgos presentes en los datos que recibe, de las prioridades definidas por quienes lo diseñan o de los intereses políticos que orientan su utilización. Cuando una decisión automatizada se equivoca, las consecuencias no recaen sobre una base de datos. Recaen sobre personas concretas.
Para América Latina y México, esta discusión no puede analizarse al margen de la experiencia histórica de la región. Durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos utilizó mecanismos de inteligencia, operaciones encubiertas y redes de influencia política para proteger intereses estratégicos considerados fundamentales para su seguridad nacional. Décadas de documentos desclasificados han permitido reconstruir intervenciones que incluyeron vigilancia, financiamiento de actores políticos, campañas de desinformación y operaciones destinadas a influir en el rumbo de distintos países latinoamericanos.
Lo que cambia en el siglo XXI no es necesariamente la lógica del poder. Lo que cambia son las herramientas disponibles para ejercerlo. Si durante la Guerra Fría el control dependía de agentes, interceptaciones telefónicas o estructuras clandestinas, hoy puede apoyarse en plataformas digitales, sistemas de inteligencia artificial, vigilancia masiva y bases de datos capaces de perfilar poblaciones enteras en tiempo real. La tecnología ha reducido costos, ampliado capacidades y multiplicado el alcance de mecanismos que antes requerían enormes recursos humanos y operativos.
La concentración de estas capacidades en corporaciones tecnológicas estrechamente vinculadas con instituciones gubernamentales, agencias de inteligencia y estructuras de seguridad plantea una pregunta particularmente relevante para los países latinoamericanos. En una época donde la información se ha convertido en un recurso estratégico comparable a la energía, los minerales críticos o las rutas comerciales, ¿hasta qué punto la dependencia digital reproduce antiguas relaciones de subordinación bajo formas más sofisticadas, menos visibles y considerablemente más difíciles de supervisar?