El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027, documento que establece las principales estimaciones de ingresos, gastos y prioridades financieras de México para el próximo año. La propuesta llega en un contexto de desaceleración económica y presión sobre las finanzas públicas, por lo que uno de sus principales objetivos será fortalecer la recaudación sin recurrir, por ahora, a la creación de nuevos impuestos generales.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es incrementar los ingresos tributarios mediante una mayor eficiencia en la recaudación y el combate a la evasión y elusión fiscal. Hacienda estima obtener alrededor de 6.2 billones de pesos por concepto de impuestos, lo que representaría un aumento respecto a la recaudación prevista para 2026. Entre las medidas contempladas se encuentran modificaciones al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y mecanismos destinados a cerrar espacios utilizados para deducciones indebidas y facturación falsa.
Otro de los puntos que ha cobrado especial relevancia es el combate al llamado “huachicol fiscal”, una modalidad de contrabando de combustibles que genera pérdidas para las finanzas públicas. El Gobierno plantea fortalecer los mecanismos de fiscalización y trazabilidad para conocer el recorrido de los combustibles desde su importación hasta su comercialización, con el propósito de evitar que productos sean introducidos al país bajo esquemas que permitan evadir impuestos.
El proyecto contempla un presupuesto total cercano a 10.6 billones de pesos. Dentro de las prioridades de gasto destacan áreas como salud y educación, para las cuales se prevén recursos superiores a 1.1 y 1.3 billones de pesos, respectivamente. También se plantea mantener inversiones destinadas a infraestructura y programas sociales.
En materia económica, Hacienda proyecta que México tendrá un crecimiento de entre 1.5% y 2.5% durante 2027. La estimación refleja un escenario de recuperación moderada, apoyado por el consumo, la inversión pública y privada y una mayor contribución del sector externo. Al mismo tiempo, el Gobierno busca reducir el déficit del sector público y llevarlo a alrededor de 3.9% del PIB.
Ahora, el Paquete Económico deberá ser analizado y discutido por el Congreso, donde podrían realizarse modificaciones antes de su aprobación. El debate será clave para definir cómo se distribuirán los recursos públicos y qué tan efectiva será la estrategia para equilibrar crecimiento económico, programas sociales y responsabilidad fiscal.
En los próximos meses, el reto será convertir las proyecciones en resultados concretos: recaudar mejor, combatir la evasión y mantener el gasto público sin comprometer la estabilidad financiera del país.