¿Qué pasa cuando una ciudad se vuelve más rentable para invertir que para vivir?
Madrid permite mirar de frente una pregunta que ya no pertenece solamente a España. Una ciudad puede llenarse de nuevos proyectos, atraer millones de euros y aumentar el valor de su suelo, mientras para quienes la habitan encontrar una vivienda se vuelve cada vez más difícil. No es una contradicción menor. Es una de las grandes disputas urbanas de nuestro tiempo.
En Madrid, fondos gestionados por BlackRock participan junto con Grupo Lar en un proyecto inmobiliario de alrededor de 500 millones de euros, con 158 viviendas de lujo y una residencia estudiantil. El dato no significa que una empresa sea responsable, por sí sola, de la crisis habitacional. Pero sí permite mirar algo que suele perderse entre cifras de inversión: la vivienda puede ser un hogar para quien la necesita y, al mismo tiempo, un activo financiero para quien la compra.
Ahí está el conflicto.
Cuando una casa se mira desde el mercado, importa cuánto vale, cuánto puede rentar y cuánto puede aumentar su precio. Cuando se mira desde el derecho, importa si una persona puede vivir ahí sin que pagar por ella implique dejar de comer, transportarse o cuidar a su familia.
Y esta tensión no termina en Madrid.
La encontramos, con distintas causas y dimensiones, en Barcelona, Lisboa, Londres, Nueva York o Ciudad de México. Ciudades donde el suelo adquiere valor a una velocidad que los ingresos de quienes las habitan difícilmente pueden seguir. Donde trabajadores pueden pasar horas trasladándose desde la periferia porque vivir cerca de sus empleos se volvió demasiado caro. Donde barrios enteros cambian de población porque permanecer en ellos dejó de ser económicamente posible.
El capital puede moverse de una ciudad a otra buscando dónde obtener mejores rendimientos. Quien pierde su vivienda no tiene esa libertad.
Por eso la discusión sobre vivienda no puede reducirse a construir más o atraer más inversión. También tenemos que preguntarnos qué vivienda construimos, para quién y bajo qué reglas.
Porque si el derecho a habitar una ciudad termina dependiendo de cuánto rendimiento puede producir el lugar donde vivimos, entonces quizá la pregunta más importante no sea cuánto vale nuestra vivienda.
¿Cuánto estamos dispuestos a permitir que suba el precio de vivir hasta que nuestra propia ciudad deje de pertenecernos?