Lo que dicen México, Europa, Estados Unidos, Dinamarca y Brasil, y por qué las y los jóvenes deben escribir la ley.
Imagina escuchar tu propia voz diciendo algo que nunca dijiste. O ver tu rostro en un video que jamás grabaste. Hace apenas unos años sonaba a ciencia ficción; hoy es posible. Y quienes más viven en el entorno digital, las y los jóvenes, son quienes más expuestos están.
El 1 de octubre, la diputada panista Frida Jimena Guillén Ortiz presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar los artículos 80, 81 y 103 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes capitalina, turnada a la Comisión de Juventud. Reconoce el acceso y uso de la inteligencia artificial bajo condiciones de seguridad, igualdad y no discriminación, y refuerza la alfabetización digital y la prevención frente a la suplantación de identidad, la manipulación de imágenes y voces, la información falsa y la violencia digital. Su autora aclaró que no busca regular la IA en general. En la práctica, hablamos de un perfil falso con tu foto o de un audio clonado para pedirle dinero a tu familia.
Vale la pena detenerse en el enfoque. Mi lectura es que la iniciativa parte de reconocer el acceso y uso de la IA con garantías, no de restringirlo: no se trata de alejar a las y los jóvenes de la tecnología, sino de que puedan usarla sin perder derechos en el camino. Es la diferencia entre un internet que se vigila y un internet donde se ejerce la ciudadanía.
Lo que dice hoy México. El artículo 1.º constitucional obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, manda prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones, y prohíbe discriminar por edad. Mi lectura: si un algoritmo descarta tu solicitud de empleo o de crédito por tu edad, esa prohibición sigue vigente. El artículo 16 protege los datos personales y los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Desde 2025, la autoridad federal en datos de particulares es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, no el INAI. Pero aún no existe una ley general de IA: varias propuestas esperan en comisiones, entre ellas la de Morena del 7 de agosto, que busca facultar al Congreso, mediante el artículo 73, para legislar sobre IA. Una iniciativa no es ley. Mientras tanto, el país es un mosaico: el Congreso mexiquense aprobó hasta cinco años de prisión por deepfakes sexuales creados con IA. Tu protección puede depender del código postal.
En el Estado de México, el Congreso local reconoció la inclusión digital como derecho cultural de las juventudes. En la capital, en 2024 se presentó una iniciativa de ley sobre IA y datos personales en el sector público. En la Cámara de Diputados hay una iniciativa de mayo que reconoce a las personas jóvenes como sujetas plenas de derechos y propone un marcador presupuestario para ellas, y otra de marzo que busca sancionar las imágenes íntimas manipuladas con IA y el uso de datos biométricos para suplantar identidades. A mi juicio, son piezas valiosas pero sueltas: ninguna, por sí sola, te da una ruta completa si alguien usa tu voz o tu cara sin permiso.
Derecho comparado: cuatro países, cuatro verbos. Otros sistemas ya respondieron a la misma pregunta: ¿qué hacemos cuando un algoritmo habla por ti? Como referencia, desde 2021, la UNESCO fijó con 193 países el primer estándar global de ética de la IA, aunque no es jurídicamente vinculante; sus pilares son la transparencia, la equidad y la supervisión humana.
Prohibir (Unión Europea). Desde febrero de 2025, su Reglamento de IA veta sistemas que exploten vulnerabilidades como la edad para alterar el comportamiento de las personas, y exige alfabetización en IA. Desde el 2 de diciembre de 2026 prohibirá los que generen o manipulen material íntimo no consentido de personas identificables. Los sistemas de alto riesgo, como los usados en empleo, educación o crédito, se aplazaron a diciembre de 2027.
Borrar en 48 horas (Estados Unidos). Desde el 19 de mayo de 2026, las plataformas deben retirar en ese plazo las imágenes íntimas no consentidas, incluidos los deepfakes, tras una solicitud válida, y la Comisión Federal de Comercio vigila el cumplimiento y puede multar a quien no lo haga. Es la “vía” convertida en reloj. La ley se firmó en mayo de 2025 y dio un año a las plataformas para construir el mecanismo.
Poseer tu identidad (Dinamarca). Propuso una protección tipo derecho de autor contra imitaciones digitales realistas de tu rostro, cuerpo o voz: sin tu consentimiento no podrían hacerse públicas, y podrías exigir su retiro. No es ser dueño de tu cara, sino convertir la imitación no consentida en infracción.
Cuidar desde el diseño (Brasil). Desde el 17 de marzo de 2026 rige su Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia: vincula las cuentas de menores de 16 años con sus tutores, prohíbe perfilarlos para dirigirles publicidad y exige canales de apoyo a víctimas. Nació tras la denuncia de un influencer. Y su ley general de IA, aprobada por el Senado en diciembre de 2024, sigue sin votarse en Diputados: legislaron primero a favor de la niñez, no de la tecnología.
Lo que México puede aprender. La capital propone un quinto verbo: reconocer. Es necesario, pero todavía no suficiente. Dinamarca resuelve el derecho; Estados Unidos, la vía; Europa, la prevención; Brasil, el diseño. Los otros cuatro muestran qué viene después: prohibiciones claras, plazos, derechos exigibles y deberes para quienes diseñan las plataformas. Mi lectura: un Congreso local puede reconocer derechos, educar y tipificar delitos locales, pero imponer plazos de retiro a las plataformas probablemente exige una ley federal, porque el artículo 73 da al Congreso de la Unión la materia de tecnologías de la información. Por eso importa la discusión federal.
Piensa en un caso concreto. Una joven descubre que circula una imagen íntima falsa suya, creada con IA. En el Estado de México existe una ruta penal de hasta cinco años de prisión para quien la elabore. En Estados Unidos, la plataforma tendría 48 horas para retirarla tras su solicitud. En Europa, el sistema que la generó entrará en la lista de prohibidos. Y en la CDMX, esta iniciativa se centra en el acceso seguro y la prevención, no en esa ruta; mi lectura es que ahí está el siguiente paso.
Cinco preguntas para medir cualquier ley. Propongo una prueba sencilla para evaluar el dictamen capitalino y cualquier ley de IA. Primera: ¿qué conductas prohíbe con claridad? Segunda: ¿quién responde, la persona afectada o quien diseñó y distribuyó la herramienta? Tercera: ¿en cuánto tiempo se retira el contenido dañino? Cuarta: ¿quién ayuda a la víctima a probar lo ocurrido? Quinta: ¿participaron las y los jóvenes en su redacción? Una ley que no responde esas cinco preguntas puede ser bien intencionada, pero difícilmente será útil.
Lo que se dirá mañana. En la capital, dictamen en la Comisión de Juventud; en lo federal, primero una reforma constitucional y luego una ley general. Si llega, buscaría ordenar criterios hoy dispersos y podría obligar a ajustar normas locales. Por eso conviene redactar con enfoque de derechos y no de herramientas: la tecnología cambia en meses; los derechos, no.
¿Y mientras tanto? Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre tus datos, y denunciar la suplantación de identidad. Si te ocurre, guarda capturas, enlaces y fechas antes de pedir el retiro. Conviene cuidar qué voz, qué imagen y qué datos compartes. La ley protege, pero la alfabetización digital empieza por cada quien.
Hay además una tensión que conviene nombrar: proteger no puede convertirse en tutelar. Si la respuesta al riesgo es restringir el acceso, castigaremos a quienes queremos cuidar.
Y aquí está, creo, la reforma más disruptiva: la del método. Durante décadas legislamos sobre las y los jóvenes sin ellas y ellos. Son la primera generación que creció entre algoritmos, la que mejor conoce sus trampas y, con frecuencia, la menos consultada sobre cómo se regula su entorno. Un parlamento abierto con estudiantes, emprendedores, creadores de contenido y colectivos digitales, antes del dictamen, haría la norma más legítima y más difícil de volver obsoleta.
Proteger no es frenar. Es dar garantías para que cada joven use la innovación con libertad, sin miedo y con la certeza de que su voz, su imagen y sus datos le pertenecen. Porque el futuro no se legisla para ellas y ellos: se legisla con ellas y ellos.
Ana Gaby Núñez Hernández
Abogada y comunicadora
Columnista de Change News