La libertad de expresión en México enfrenta nuevos riesgos debido a la discusión de lineamientos y reformas sobre derechos de las audiencias, las cuales generan preocupación por una posible censura desde el gobierno federal, mediante controles regulatorios que podrían limitar la labor periodística y el derecho a informar.
Hoy en día, diversos medios de comunicación y distintos partidos políticos, han hecho referencia a lo que denominan la creación de la “ley censura”, haciendo referencia a los nuevos lineamientos de derechos de audiencias y reformas en telecomunicaciones en nuestro país, lineamientos en donde el gobierno federal asegura (según su dicho) querer defender la regulación de contenidos y proteger los derechos de las audiencias, transparentando la información y evitando así noticias falsas, situación que ha causado sorpresa e indignación en todos los medios de comunicación por la supuesta regulación de contenidos en medios electrónicos, específicamente en lo siguiente:
- El gobierno busca controlar la información, etiquetar y sancionar las criticas y
- El gobierno pretende vigilar a las plataformas digitales o contenidos sin necesidad de una orden judicial.
En uno de mis artículos anteriores, me he referido a la importancia del derecho a la libertad de expresión, ese derecho legítimo, que tenemos todos los mexicanos para pensar y compartir con los demás nuestras ideas y opiniones, ese derecho que se ejerce investigando y difundiendo ideas, opiniones y también información, entonces, cuando ya se ha logrado ganar y reforzar derechos plasmados en nuestra constitución, porque a estas alturas, limitar o condicionarlo, olvidando que debe predominar la protección a los derechos humanos aumentándolos o reforzándolos, pero nunca disminuyéndolos.
Por lo tanto, el gobierno de México, independientemente su extracción política, “está obligado a respetar la libertad de expresión” y también está obligado a defender ese derecho, evitando cualquier acción que interfiera sobre el derecho a expresarse.
Por ese motivo, continúan en el aire las siguientes preguntas, ¿En México existe libertad de expresión?, ¿en México, no existe represión en contra de los reporteros o comunicadores para expresarse libremente?.
En estos tiempos, cuando el mundo ha evolucionado tanto, cuando la tecnología es tan precisa, cuando los derechos se han protegido y ratificado por tantas experiencias en la violación de los mismos, aplicar la censura en cualquier parte del mundo, es la forma más retrograda e incongruente que utiliza el gobierno para detener o censurar las opiniones de aquellos que opinan distinto, entonces, al silenciar a los disidentes, la censura les impide expresar sus opiniones.
Debemos priorizar como premisa fundamental, el respeto a los derechos y la obligación por parte del gobierno para proteger y garantizar los derechos humanos a favor de toda persona que se exprese o ejerza el periodismo y más a aquellos que puedan estar en riesgo, por amenazas o vulnerabilidad.
Recordemos también que la libertad de expresión no sólo se limita a la protección del derecho a difundir ideas y conocimientos, sino que también permite buscar y recibir información de diferentes fuentes o medios como los periódicos, revistas, la radio, asistir y participar en debates públicos, ver programas de televisión y a navegar en el internet, también, como ciudadanos tenemos derecho para acceder a la información en posesión del gobierno, con la finalidad de conocer en qué y cómo usa o gasta el gobierno el dinero público, en que lo invierte, como distribuye el presupuesto y como adquiere productos y servicios, es decir, los ciudadanos tenemos todo el derecho a informarnos respecto del destino de los recursos o dinero público que está en poder de los servidores públicos.
Finalmente, para concluir, ninguna autoridad debería establecer la “previa censura” ni coartar la difusión de información, por lo que la lucha por la libertad de expresión como derecho humano fundamental, ya que pensar y formar una opinión propia, hace posible una sociedad justa y democrática.
GRACIAS…
Por Miguel Ángel Flores Correa.
Licenciado en Derecho, Maestro en Política Criminal, Especialista en Derecho Civil, Familiar y Mercantil con 24 años de experiencia.
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