El tema del Fobaproa volvió a colocarse en el centro de la discusión nacional durante este fin de semana, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que México continuará enfrentando durante muchos años las obligaciones financieras derivadas del rescate bancario de la década de 1990. Durante su gira por el país con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria calificó la deuda como prácticamente impagable y cuestionó nuevamente la decisión de convertir obligaciones relacionadas con el sistema bancario en deuda pública.
El Fobaproa, creado originalmente como un mecanismo para proteger los ahorros y mantener la estabilidad del sistema financiero, adquirió un papel central durante la crisis económica de 1994-1995. Ante la quiebra y falta de liquidez de diversas instituciones financieras, el gobierno intervino para evitar un colapso mayor del sistema bancario. Posteriormente, una parte importante de esos pasivos fue transformada en deuda pública y el esquema fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, conocido como IPAB.
Más de tres décadas después, las consecuencias financieras continúan. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda citadas durante el debate, a julio de 2026 los pasivos del IPAB ascendían a aproximadamente 1.16 billones de pesos, mientras que existen otros pasivos vinculados con programas de apoyo a deudores. En conjunto, las obligaciones relacionadas representan alrededor del 6.2% de la deuda pública mexicana.
Sheinbaum también explicó que cada dos años se destinan alrededor de 50 mil millones de pesos del presupuesto público al IPAB, principalmente mediante mecanismos relacionados con el pago de intereses. La presidenta cuestionó que el país siga destinando recursos a una deuda originada durante una crisis ocurrida hace más de 30 años.
El debate tiene además una dimensión política. Para el gobierno de la Cuarta Transformación, el Fobaproa representa uno de los ejemplos de decisiones económicas tomadas durante los gobiernos anteriores que trasladaron costos privados al Estado. Sus críticos, en cambio, recuerdan que el rescate buscaba preservar la estabilidad financiera y evitar que millones de ahorradores perdieran sus recursos.
Así, el Fobaproa vuelve a demostrar que algunas decisiones económicas pueden tener consecuencias que se extienden por generaciones. La discusión actual no solamente gira en torno a cuánto se debe, sino también a quién terminó pagando el costo del rescate bancario y qué lecciones debe dejar aquella crisis para las finanzas públicas de México.