En mi opinión, con base en la evidencia disponible y en una revisión académica del fenómeno, la regulación del acceso de menores a redes sociales ya no es un debate opcional: es una necesidad estructural de política pública. No estamos frente a una moda tecnológica, sino ante un cambio profundo en la forma en que niñas, niños y adolescentes construyen su identidad, su atención y sus vínculos sociales.
El caso de Australia es particularmente ilustrativo. A finales de 2024, el Parlamento de Australia aprobó reformas a la Online Safety Act 2021, fortaleciendo las facultades del regulador digital —la eSafety Commissioner— para exigir a plataformas mecanismos más estrictos de protección a menores, incluyendo verificación de edad y retiro expedito de contenidos dañinos. Estas medidas no surgen de ocurrencias políticas, sino de diagnósticos institucionales que vinculan el uso intensivo de redes con riesgos en salud mental, exposición a violencia digital y dinámicas de adicción algorítmica.
España, por su parte, ha seguido una ruta complementaria. Desde el Gobierno de España y en diálogo con el Parlamento Europeo, se han impulsado iniciativas para elevar la edad mínima efectiva de acceso a redes sociales a 16 años, alineadas con el marco del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Este enfoque reconoce algo clave: la protección de datos personales en menores no es solo un asunto técnico, sino un derecho fundamental vinculado al desarrollo integral.
La evidencia académica respalda estas decisiones. Organismos como la UNESCO han advertido que el uso no regulado de tecnologías digitales en entornos educativos puede afectar procesos de aprendizaje, atención y convivencia escolar. De igual forma, estudios de la Organización Mundial de la Salud han señalado la correlación entre exposición digital intensiva y problemas de salud mental en adolescentes, incluyendo ansiedad, depresión y alteraciones del sueño.
Desde esta perspectiva, retomo y reformulo una idea central planteada por la Dra. Rocío Ortega Velázquez, directora de la Escuela Secundaria Técnica 106: regular el uso de dispositivos móviles en espacios educativos no es una medida restrictiva, sino una condición necesaria para preservar entornos de aprendizaje equilibrados y humanamente sostenibles. No se trata de prohibir la tecnología, sino de integrarla con sentido pedagógico y límites claros.
Aquí es donde el concepto de humanismo mexicano cobra relevancia estratégica. Bajo este enfoque, la tecnología debe estar al servicio de la persona y no al revés. Un menor de edad no puede ser reducido a un usuario dentro de una lógica de mercado digital; es un sujeto en formación, con derechos, dignidad y necesidades de desarrollo que el Estado está obligado a proteger.
La experiencia internacional deja tres lecciones concretas.
Primero, establecer una edad mínima —como los 16 años que se discuten en Europa— es un punto de partida necesario, pero insuficiente si no se acompaña de mecanismos reales de verificación y supervisión. La regulación sin capacidad de implementación se convierte en simulación.
Segundo, la política pública debe ser integral. No basta con limitar el acceso a redes sociales; es indispensable fortalecer la educación digital, promover la alfabetización mediática y generar herramientas para madres, padres y docentes. En este sentido, el rol de instituciones educativas y autoridades locales es tan importante como el de los reguladores tecnológicos.
Tercero, el problema es también cultural. La normalización del acceso irrestricto a dispositivos móviles en edades tempranas refleja una ausencia de criterios claros sobre el uso del tiempo, la atención y el desarrollo emocional. Ninguna ley, por sí sola, puede sustituir la corresponsabilidad social.
México tiene la oportunidad de aprender sin improvisar. Desde el Congreso de la Unión y en coordinación con autoridades educativas, es posible construir un marco normativo que retome las mejores prácticas internacionales, pero adaptado a nuestra realidad jurídica y social. Un modelo que articule regulación efectiva, formación humanista y responsabilidad compartida entre Estado, plataformas digitales y familias.
En mi opinión, el reto no es frenar la tecnología, sino gobernarla con inteligencia y sentido ético. Porque si algo nos enseñan los casos de Australia y España es que el futuro digital no se deja al azar: se regula, se educa y se orienta.
Y en esa decisión, lo que está en juego no es el acceso a una aplicación, sino la formación de una generación entera.
DR. RAFAEL CHACÓN VILLAGRÁN
INVESTIGADOR Y ESPECIALISTA EN
HUMANISMO MEXICANO