La doctrina Monroe revive el mapa de la derecha en América Latina

Por: Erwin Arriola,

 Maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos

El domingo 29 de junio de 2026, Colombia y América Latina amaneció con el filo de un cuchillo sobre la mesa. Con el 99.7% de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella obtuvo el 49.65% de los votos frente al 48.71% de Iván Cepeda. La diferencia de apenas 245 mil votos confirma que no presenciamos una elección ordinaria, sino un empate técnico que expone a un país fracturado en su visión del futuro, el papel del Estado y el significado mismo de la libertad. Esta movilización de 26 millones de personas marca el punto de inflexión en una disputa donde los sectores jóvenes y urbanos chocaron de frente contra un electorado que anhela modelos punitivos de seguridad y respuestas rígidas ante la incertidumbre.

Sin embargo, el fenómeno De la Espriella no puede leerse como un suceso local o aislado. Su ascenso representa el capítulo más reciente de una ofensiva hemisférica documentada, donde la sombra del llamado Hondurasgate revela una arquitectura de desestabilización diseñada para extirpar las agendas progresistas en América Latina. Esta red no opera en el vacío, sino que forma parte de una estrategia donde el intervencionismo de Donald Trump ha pasado de ser una sospecha a una realidad operativa. Al igual que en Honduras, donde el respaldo a Nasry Asfura fue explícito, en Colombia hemos visto cómo el entorno de Trump actúa como una brújula que disciplina a quienes se desvían de sus intereses estratégicos, utilizando la polarización como herramienta de control y el llamado Corolario Trump-Monroe para subordinar nuestros recursos naturales a los designios de sus aliados corporativos.

Para De la Espriella, la bendición de Trump no es un simple apoyo diplomático, sino el sello de garantía de una plataforma que recicla recetas autoritarias. Su propuesta se disfraza de libertarismo, pero es en realidad un manual de control que utiliza las megacárceles y la mano dura para desdibujar la frontera entre la delincuencia y la protesta social. Mientras proclama una supuesta defensa del libre mercado, su gestión apunta a la consolidación de privilegios para una élite aliada, socavando los derechos humanos, atacando la diversidad y promoviendo una visión moral única que, irónicamente, restringe las libertades individuales en nombre de un orden que busca el restablecimiento de una hegemonía arcaica.

Colombia ha decidido, por un margen exiguo, un giro de 180 grados al proyecto de Gustavo Petro. Esta victoria no constituye un mandato claro, sino una advertencia sobre la fragilidad de nuestra democracia frente a una hoja de ruta transnacional que castiga la autonomía y premia la sumisión. La lucha por la defensa de la vida, la biodiversidad y los derechos humanos no termina en las urnas, sino que apenas comienza desde la trinchera de la oposición. Enfrentar este proyecto requiere entender que la batalla por la justicia social en nuestro país es, en esencia, la misma que se libra hoy desde México hasta Argentina frente al resurgimiento del intervencionismo más profundo, con la convicción inquebrantable de que una nación partida por la mitad no se gobierna mediante la exclusión de la otra mitad.