Durante años nos dijeron que la tecnología llegaría para liberarnos del trabajo pesado,
repetitivo y peligroso. Que las máquinas harían aquello que nosotros no queremos hacer y
que, gracias a ellas, tendríamos más tiempo para estudiar, crear, descansar y vivir mejor.
Pero la historia cuenta algo diferente. Cada revolución tecnológica transforma la manera en
que producimos, pero también abre una disputa sobre quién se queda con la riqueza que
esa nueva capacidad genera y quién paga los costos de la transformación. Hoy esa
discusión vuelve a aparecer con la inteligencia artificial.
La diferencia es que las máquinas ya no solamente pueden levantar toneladas, ensamblar
piezas o trabajar en una línea de producción. Ahora pueden redactar informes, analizar
datos, programar, diseñar, atender clientes y realizar tareas que hasta hace pocos años
parecían exclusivamente humanas. Por eso, la pregunta no debería ser únicamente cuántos
empleos puede sustituir la inteligencia artificial, sino quién se quedará con la riqueza que
produzca.
La inteligencia artificial no tiene una ideología por sí misma. Un algoritmo no decide si una
empresa despedirá trabajadores, reducirá la jornada, aumentará los salarios o concentrará
las ganancias de la automatización. Eso lo deciden las personas, las empresas y los
gobiernos. Una compañía que antes necesitaba cien trabajadores y ahora puede producir lo
mismo con cincuenta tiene, al menos, dos caminos. Puede despedir a los otros cincuenta y
aumentar las ganancias de sus propietarios, o utilizar el incremento de productividad para
reducir la jornada, mejorar salarios, capacitar trabajadores y distribuir parte de la nueva
riqueza. La tecnología es la misma. Lo que cambia es quién decide y quién se beneficia.
Esta pregunta ya estaba presente en la crítica de Karl Marx al capitalismo. Cuando el
desarrollo tecnológico aumenta nuestra capacidad para producir riqueza, ¿quién se apropia
de sus beneficios? Durante la Revolución Industrial, las máquinas multiplicaron la
producción, pero no significaron automáticamente mejores condiciones para quienes
trabajaban. Fueron necesarias décadas de organización y lucha social para conquistar
jornadas más cortas, descanso, seguridad social, salarios dignos y derechos laborales. El
problema nunca fue solamente la máquina, sino la relación social que determinaba para
quién trabajaba y quién se apropiaba del resultado.
Hoy hemos cambiado la máquina de vapor por servidores, robots, supercomputadoras,
algoritmos y grandes bases de datos, pero la pregunta permanece ¿la tecnología estará al
servicio de las personas o las personas terminarán al servicio de la tecnología y de quienes
la controlan?
Las respuestas de los gobiernos frente a esta transformación son distintas. Mientras
algunas economías buscan establecer mecanismos para proteger a los trabajadores, otras
apuestan por flexibilizar todavía más las relaciones laborales. Argentina ofrece un ejemplo
de esta segunda ruta. Bajo una lógica de desregulación y reducción de costos laborales, las
reformas impulsadas durante el gobierno de Javier Milei han buscado modificar las
condiciones bajo las cuales las empresas contratan, despiden y compensan a sus
trabajadores. El argumento es conocido: para atraer inversiones y generar empleo hay que
reducir costos y permitir que el mercado se adapte con mayor libertad. Pero existe una
pregunta fundamental ¿quién paga el costo de esa adaptación?
Si una empresa incorpora inteligencia artificial y con ello necesita menos trabajadores, el
trabajador no debería convertirse automáticamente en la variable de ajuste. La
modernización no puede significar que todo el riesgo recaiga sobre quien vive de su salario
mientras las ganancias de la productividad quedan concentradas en quienes poseen el
capital.
China ofrece un contraste relevante. Es una de las grandes potencias tecnológicas del
planeta, desarrolla inteligencia artificial y participa de manera central en las cadenas
globales de tecnología, pero también ha intervenido para establecer límites a la manera en
que las empresas trasladan los costos de la automatización hacia los trabajadores. Un caso
ocurrido en Hangzhou resulta ilustrativo. Un tribunal examinó la situación de un supervisor
cuyo salario fue modificado unilateralmente después de que su empresa incorporara
sistemas automatizados y posteriormente intentara despedirlo argumentando una
reconversión tecnológica. La justicia consideró ilegal la medida y ordenó una compensación
superior a los 260 mil yuanes. Más allá del caso concreto, el principio resulta importante:
incorporar tecnología es una decisión empresarial y no puede convertirse automáticamente
en una vía para evadir obligaciones laborales.
La comparación muestra que innovación tecnológica y protección laboral no son
necesariamente conceptos opuestos. La verdadera discusión no es entre tecnología y
trabajadores, sino entre distintas formas de distribuir los beneficios y los costos del
progreso.
Existe una idea cada vez más extendida de que la pérdida de empleos provocada por la
automatización es inevitable y que los trabajadores solamente tienen que adaptarse. Pero
adaptarse no puede significar aceptar que todo el costo de la transformación recaiga sobre
quienes viven de su trabajo. Si la inteligencia artificial permite producir lo mismo con menos
personas, también debemos discutir qué hacemos con el tiempo que esa tecnología libera.
Puede utilizarse para despedir y aumentar ganancias, pero también para reducir la jornada
laboral, mejorar salarios, capacitar trabajadores y elevar la calidad de vida.
Desde una perspectiva marxista, el problema no está en que las fuerzas productivas
avancen. Al contrario, el desarrollo tecnológico puede representar una de las mayores
posibilidades de liberación humana. Si las máquinas producen más en menos tiempo,
potencialmente necesitamos menos horas de trabajo para satisfacer nuestras necesidades.
El problema aparece cuando ese progreso queda concentrado en manos de quienes
poseen y controlan los medios de producción. Entonces, una tecnología que podría
permitirnos trabajar menos y vivir mejor puede terminar utilizándose para despedir,
precarizar y concentrar todavía más riqueza.
La inteligencia artificial no determina por sí misma cuál de esos futuros construiremos. Las
leyes, las instituciones, las empresas y las decisiones políticas sí. Por eso, discutir el futuro
de la inteligencia artificial también significa discutir el futuro del trabajo.
La verdadera revolución no será decidir si las máquinas pueden hacer nuestro trabajo. Será
decidir qué hacemos como sociedad con la riqueza y con el tiempo que las máquinas nos
permiten generar.
El verdadero progreso no debería medirse por cuántos trabajadores puede sustituir una
máquina, sino por cuántas personas pueden vivir mejor gracias a ella.
La inteligencia artificial puede cambiar el mundo.
La pregunta que debemos responder es mucho más antigua que cualquier algoritmo:
¿para quién?