Por M. en D. Lucero Concepción Hernández Sánchez
Magistrada de la Primera Sala Penal y Magistrada de la Sala Constitucional del Estado de México
La elección popular de juzgadores introduce una tensión que no desaparece con una buena reforma ni con un diseño institucional cuidadoso. Esa tensión aparece en el momento más cotidiano de la función jurisdiccional: cuando un expediente exige decidir contra la presión del entorno inmediato.
En teoría, la respuesta parece clara. La independencia judicial se mantiene intacta porque la Constitución la garantiza. Sin embargo, en la práctica, el problema no está en el texto constitucional, sino en la forma en que se percibe la decisión judicial cuando el juzgador proviene del voto ciudadano. Ahí es donde la legitimidad de origen comienza a dialogar —y a veces a chocar— con la legitimidad de ejercicio.
He visto que este conflicto se vuelve más visible en asuntos donde la decisión es jurídicamente correcta, pero socialmente impopular. Por ejemplo, cuando un juez debe excluir una prueba relevante porque fue obtenida con violación al debido proceso. O cuando la prisión preventiva oficiosa se solicita de manera automática, pero el análisis del caso concreto obliga a una respuesta distinta. En esos momentos, la presión no siempre es institucional; muchas veces es social, mediática o incluso interna, porque el propio sistema espera resultados inmediatos.
El punto de partida es sencillo de formular, aunque difícil de sostener: la legitimidad democrática no sustituye el estándar constitucional de decisión. Lo tensiona.
I. La falsa idea de que el voto resuelve la imparcialidad
Existe un argumento que aparece con frecuencia en el debate público: si el juez es electo, entonces responde directamente a la ciudadanía y, por lo tanto, su decisión es más democrática. La conclusión suele parecer intuitiva, pero en el trabajo jurisdiccional no resuelve el problema de fondo.
El proceso penal ofrece un ejemplo claro. Cuando una persona es imputada por un delito de alto impacto, la presión social suele exigir una respuesta inmediata y contundente. Si el juzgador, en cambio, advierte una detención ilegal o una imputación sin sustento probatorio suficiente, la decisión constitucional puede ir en sentido contrario a la expectativa social.
En ese escenario, el riesgo no es teórico. La pregunta que surge es si una judicatura elegida por voto popular puede resistir con la misma solidez esa tensión cuando la decisión implica costo político o desgaste público. No es una pregunta retórica, es una duda institucional razonable.
La experiencia comparada en materia de independencia judicial ha insistido en un punto que la práctica confirma: la independencia no depende del método de designación, sino de la capacidad del juez para justificar sus decisiones únicamente desde el derecho aplicable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al desarrollar el parámetro de regularidad constitucional a partir del expediente Varios 912/2010, reforzó esa idea: el juez no responde a expectativas externas, responde a la Constitución y a los derechos humanos.
Pero esa fórmula, que en abstracto es sólida, en la práctica exige algo más que conocimiento técnico. Exige una cierta forma de aislamiento frente a la presión del contexto.
II. El caso difícil: cuando el expediente no ofrece una salida cómoda
Hay asuntos en los que el derecho no ofrece una respuesta emocionalmente satisfactoria. No porque el sistema falle, sino porque la función jurisdiccional no está diseñada para satisfacer expectativas sociales, sino para resolver conforme a estándares constitucionales.
Pensemos en una situación frecuente: una víctima reclama justicia inmediata, el imputado tiene antecedentes relevantes, y el contexto social exige una medida cautelar severa. Sin embargo, el análisis de legalidad revela que la detención no cumplió con los requisitos constitucionales o que la imputación carece de elementos mínimos de corroboración.
En ese punto, la decisión correcta puede parecer contraintuitiva. Y ahí es donde la independencia judicial deja de ser un principio abstracto para convertirse en una decisión concreta: sostener la Constitución aun cuando la resolución sea difícil de explicar fuera del lenguaje jurídico.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en que el debido proceso no es una formalidad, sino una condición de legitimidad del sistema penal. Esa idea, aplicada en la práctica, implica aceptar que la eficacia del sistema no puede medirse únicamente por la rapidez o severidad de sus respuestas.
Este tipo de casos revela algo incómodo: la justicia constitucional no siempre coincide con la justicia percibida. Y esa distancia es uno de los puntos más sensibles del sistema.
III. El contraargumento serio: la democracia como correctivo del aislamiento judicial
Sería simplista ignorar el argumento contrario. Quienes defienden la elección popular de juzgadores sostienen que la independencia judicial, cuando se percibe como aislamiento institucional, puede generar distancia con la realidad social. Bajo esa visión, el voto ciudadano funcionaría como un mecanismo de corrección frente a una judicatura cerrada o poco sensible a los problemas cotidianos.
Este argumento no es débil. Tiene una preocupación legítima: la justicia que no escucha a la sociedad corre el riesgo de volverse formalmente impecable pero materialmente distante.
El problema surge cuando se confunde sensibilidad social con subordinación a la opinión pública. La función jurisdiccional no puede depender de la aprobación del resultado. Puede y debe considerar el contexto, pero no puede convertirlo en criterio de validez.
El equilibrio está en otro punto, más exigente: decisiones técnicamente sólidas, explicadas con claridad suficiente para ser comprendidas por la ciudadanía, sin renunciar al estándar constitucional que las sostiene. La legitimidad democrática aporta cercanía; la independencia judicial aporta límites.
Quizá la verdadera pregunta no es si el juez debe responder al voto, sino cómo garantizar que el voto no interfiera en la decisión del caso concreto.
La independencia judicial, en un modelo de elección popular, no desaparece ni se debilita por definición. Se vuelve más exigente en su justificación diaria. No se demuestra en el diseño institucional, sino en la resolución del caso difícil, ese en el que cualquier decisión tiene costos.
Y tal vez ahí está el punto que menos se discute: la Constitución no necesita jueces que coincidan con la opinión pública, necesita jueces que puedan explicar por qué, en ciertos casos, el derecho obliga a decidir en dirección distinta a lo esperado.
No siempre es una respuesta cómoda. A veces tampoco es definitiva. Pero es la única que mantiene coherente al sistema.
Referencias
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arts. 1, 14, 16 y 17.
- SCJN, Expediente Varios 912/2010.
- SCJN, Contradicción de Tesis 293/2011.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia sobre debido proceso y garantías judiciales.
- Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. (como marco garantista del debido proceso)
- Eduardo Ferrer Mac-Gregor, trabajos sobre control de convencionalidad.