Después de una reforma tan polémica como lo fue la Reforma Judicial en México, nos preguntamos; ¿ha funcionado la reforma judicial? y si es así, ¿Cuáles han sido los beneficios de esa reforma Judicial?.
La reforma judicial surge con un proceso de cambios legales y estructurales orientados a actualizar el sistema de justicia mexicano, con el argumento de mejorar su funcionamiento.
La reforma judicial busca redefinir, quien imparte justicia, cómo serán elegidas las nuevas personas juzgadoras y cuáles serán las instituciones que desaparecerán.
Entonces, ¿Qué es la reforma al poder judicial?
La reforma judicial fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, entrando en vigor el 16 de septiembre del mismo año.
La reforma implica una reconstrucción completa del Poder Judicial, principalmente la elección popular de jueces, magistrados y ministros; la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, un rediseño territorial del sistema judicial y la transformación de la carrera judicial.
Uno de los cambios más polémicos es, que todos los jueces, magistrados y ministros del país sean elegidos mediante voto popular directo, situación que ha generado preocupación y controversia no solo dentro de nuestro país, sino internacionalmente, por ello se presentaron múltiples opiniones y debates sobre la legitimidad democrática, la independencia judicial y el riesgo de politización de la justicia.
Con la reforma judicial, desaparecen al Consejo de la Judicatura Federal creando un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal Disciplinario y se realiza una redistribución de salas, creación de tribunales especializados y redefinición de competencias entre juzgados locales y federales.
Pero… ¿La reforma a afectado al poder judicial?
Pareciera que, como proyecto populista, se apostó en crear una reforma innovadora, mediante una promesa seductora de acabar con la corrupción, además de involucrar a las personas en la idea de que, con dicha reforma, acercaría la justicia al pueblo, y con ese discurso casi maravilloso, se podría votar por ministros, jueces y magistrados.
Sin embargo, para llegar a su objetivo, el gobierno federal, realizó actos contrarios a los Derechos humanos en contra de los anteriores titulares del poder judicial, ya que muchos jueces y demás personal, fueron cesados sin indemnización, por otro lado, existen tribunales que están en riesgo de cierre por falta de presupuesto y restan importancia a las carreras judiciales, dando prioridad a personas improvisadas y sin experiencia en la mayoría de los casos, personas que fueron electos mediante elecciones con baja participación ciudadana y advertencias insistentes de organismos internacionales sobre los peligros de la independencia judicial.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, asegura el fin de privilegios, que, según él, desde el gobierno federal y la nueva conformación judicial se sostiene que la reforma ha permitido romper con viejos esquemas de rezago deliberado y privilegios de funcionarios anteriores, situación que es más que debatible, por los errores colosales y constantes que realizan los integrantes de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, así como de la contratación excesiva de asesores para realizar sus funciones y los gastos desmesurados más que evidentes.
Para todos aquellos abogados postulantes o integrantes del poder judicial, que conocen el trabajo, resultados y eficacia de la suprema corte de justicia y demás tribunales, se observan resultados negativos, acusando mayores retrasos, improvisación y problemas en la impartición de justicia y así mismo, se presentan constantes desacuerdos y tensiones entre los nuevos órganos administrativos y de disciplina que sustituyeron al antiguo Consejo de la Judicatura y no debemos hacer menos, la falta de recursos en los tribunales, en donde han tenido problemas constantes con la falta de recursos materiales para realizar su trabajo de administración de justicia y de igual manera, el debate sobre la transparencia en la rendición de cuentas y la carga de trabajo real en los tribunales.
Las reformas al Poder Judicial en México prometieron hacer los juicios más rápidos y eficientes, pero los resultados y opiniones sobre su eficacia son negativos ya que la justicia no es más ágil y los retrasos aumentaron desmesuradamente.
En Conclusión, la reforma judicial desde su nacimiento, seguirá estando dentro del ojo público, por ir en contra del sistema Interamericano de derechos humanos y estándares internacionales del Sistema de Naciones Unidas, el cual establece un proceso objetivo y transparente que garantice la participación de personas en situación de igualdad y como se pudo observar en México, su proceso de elección fue evidentemente construido y no transparente.
El riesgo de politización del poder judicial es preocupante, ya que los candidatos para ser votados, pasaron por un proceso de simpatía del gobierno en turno y después fueron seleccionados para ser votados apareciendo en acordeones por todo el país para que votaran por ellos.
Entonces, no se han observado beneficios en la construcción de la Reforma judicial y se ha establecido un precedente preocupante para el estado de Derecho en nuestro país y en América Latina debido al intento de control político sobre un poder tradicionalmente independiente.
GRACIAS…
Por Miguel Ángel Flores Correa.
Licenciado en Derecho, Maestro en Política Criminal, Especialista en Derecho Civil, Familiar y Mercantil con 25 años de experiencia.
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